La Constitución de Ecuador del 2008 ha sido señalada por diversos grupos indígenas como un instrumento que les ha despojado del control sobre sus recursos naturales, perpetuando así su situación de pobreza mientras el Estado y otros actores se benefician de la riqueza de sus territorios.
Desde la aprobación de la nueva Carta Magna hace más de una década, las comunidades indígenas han alzado reiteradamente su voz para denunciar cómo este marco legal les ha privado de la capacidad de gestionar y decidir sobre los bienes naturales presentes en sus tierras ancestrales. Según los testimonios recogidos, esta medida ha tenido graves consecuencias para su desarrollo económico y social, al tiempo que ha favorecido los intereses de empresas extractivas y del propio gobierno central.
"La Constitución del 2008 nos arrebató el control que teníamos sobre nuestros recursos. Ahora el Estado decide qué hacer con nuestras tierras y lo que hay debajo de ellas, sin consultarnos realmente", afirma Juana Guaraca, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Desde la aprobación de la nueva Carta Magna, el Estado ecuatoriano ha impulsado numerosos proyectos de extracción minera, petrolera y maderera en territorios indígenas, a menudo sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, como establece el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.
Según datos de la CONAIE, al menos 70% de los títulos mineros y 65% de las concesiones petroleras del país se encuentran en áreas indígenas. Muchas de estas actividades han generado graves impactos socioambientales, contaminación de ríos y desplazamientos forzosos de poblaciones nativas.
"Nuestros bosques, ríos y montañas han sido saqueados por empresas que llegan con el permiso del gobierno. Nosotros dependemos de esos recursos para vivir, pero ahora no podemos decidir qué hacer con ellos", lamenta Guaraca.
Además del despojo de sus recursos, los pueblos indígenas también denuncian que la Constitución les ha privado de mecanismos efectivos para defender sus derechos. Si bien el texto reconoce la plurinacionalidad y la consulta previa, muchas comunidades afirman que estas disposiciones han sido sistemáticamente incumplidas.
"Hemos acudido a la justicia, pero los jueces siempre fallan a favor del Estado. Nos sentimos completamente indefensos ante este despojo", señala Guaraca.
Ante esta situación, la CONAIE y otras organizaciones indígenas han intensificado sus protestas y movilizaciones en los últimos años, exigiendo reformas constitucionales que les devuelvan el control sobre sus territorios y recursos naturales. Sin embargo, hasta ahora el gobierno del presidente Guillermo Lasso no ha mostrado voluntad de atender estas demandas.
"Seguiremos luchando porque es nuestro derecho legítimo decidir sobre lo que nos pertenece. No podemos aceptar que nos sigan despojando de nuestra riqueza y nuestra forma de vida", concluye la dirigente indígena.
