Luego de tres años de promesas, el Gobierno ha dado un giro inesperado en su propuesta de reforma al sistema de créditos universitarios, conocido como CAE. Tras enviar un proyecto de ley que buscaba eliminar el copago de los estudiantes y establecer un impuesto a los graduados con mayores ingresos, ahora ha presentado una contrapropuesta que retrocede en estos puntos clave.
La reforma del sistema de financiamiento de la educación superior era una de las banderas de lucha del actual gobierno, que se había comprometido a poner fin al CAE y condonar parte de las deudas estudiantiles. Existía un consenso generalizado en que el actual sistema de créditos era insostenible, con una deuda que no se paga y que compromete anualmente US$ 1.000 millones del presupuesto fiscal.
Sin embargo, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, denominado FES, añadió dos temas de gran calado que generaron rechazo: la eliminación del copago de los estudiantes sin gratuidad y la implementación de un impuesto a los graduados con mayores ingresos. Estas medidas fueron vistas como una "evidente y negativa refundación del sistema".
Ahora, en una aparente marcha atrás, el Gobierno ha enviado una contrapropuesta al Senado que, en líneas generales, se retracta de esas banderas de lucha. La nueva propuesta mantiene la libertad de las instituciones para fijar un pago por encima del arancel regulado, y convierte la obligación financiera en un contrato de deuda con tasas conocidas y pagos contingentes al ingreso, en lugar de un impuesto.
Además, se reponen las becas de arancel por mérito académico, lo que significa un retorno a un esquema similar al actual sistema de créditos.
Algunos analistas especulan que sería mejor dejar el tema para la próxima administración, considerando el reciente triunfo electoral del oficialismo. Sin embargo, existe el riesgo de que el CAE siga frenando el presupuesto en educación, lo que podría ser una mala apuesta a largo plazo.
La reforma del sistema de financiamiento de la educación superior era una de las principales promesas del actual gobierno, por lo que este giro inesperado en su propuesta de ley ha generado sorpresa y cuestionamientos entre los diversos actores involucrados.
