La publicación de los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024 en Chile ha generado una mezcla de optimismo y preocupación. Si bien los datos muestran una reducción en los niveles de pobreza, un análisis más profundo revela una realidad más compleja detrás de esas cifras.
La disminución de la pobreza por ingresos se explica en gran medida por el fuerte aumento de los subsidios monetarios otorgados por el Estado, que se han duplicado desde 2017 y representan la principal fuente de ingresos para los hogares más pobres. En el primer decil, cerca de dos tercios del ingreso total proviene de estas transferencias.
Sin embargo, los ingresos laborales de los sectores más vulnerables muestran un preocupante estancamiento. En términos reales, los ingresos del trabajo del primer quintil no solo no se han recuperado tras la pandemia, sino que se mantienen muy por debajo de los niveles observados antes de 2020. Además, se registra una situación laboral más frágil, con menores tasas de participación, mayor desocupación y una creciente dependencia del empleo informal y por cuenta propia.
Estos datos obligan a abrir una discusión de fondo sobre la sostenibilidad de esta estrategia de reducción de la pobreza, basada cada vez más en transferencias estatales y no en una mejora equivalente en el empleo y los ingresos laborales. Una reducción de la pobreza que descansa sobre bases frágiles plantea riesgos evidentes en el mediano plazo.
Más allá del titular, el principal desafío de la política social en Chile es fortalecer la inserción laboral de los sectores más vulnerables. Sin empleo digno, estable y con proyección, la reducción de la pobreza corre el riesgo de transformarse en un logro transitorio y difícil de sostener.
