El proceso electoral en Honduras ha dado un giro inesperado luego de que el Congreso Nacional, dominado por diputados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), aprobara una iniciativa para realizar un nuevo escrutinio de los votos de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, a pesar de que los resultados ya habían sido oficializados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La medida, formalizada mediante el Decreto No. 58-2025 publicado en el diario oficial La Gaceta y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, implica la revisión de más de 19,000 actas electorales, a pesar de que el CNE ya había cumplido con los plazos establecidos por la ley y declarado el 24 de diciembre de 2025 como presidente electo a Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional.
La propuesta fue impulsada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, dirigente de Libre, quien no logró su reelección como diputado en las pasadas elecciones. Sectores de la oposición lo acusan de actuar al margen del orden constitucional y de promover una medida que, según ellos, pone en riesgo la estabilidad institucional del país.
Redondo aduce que se debe escrutar las más de 19.000 actas electorales porque no todas fueron escrutadas, desconociendo que el CNE declaró al presidente electo y dio a conocer los resultados de alcaldías y diputados. Por su parte, juristas coinciden en que lo aprobado por el Parlamento no procede, ya que hubo una declaración oficial del ente electoral.
El nuevo escenario se desarrolla en un ambiente de debilitamiento institucional y confrontación en el Parlamento y entes electorales, con el partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien alega fraude y supuesta injerencia de Trump para favorecer al candidato del Partido Nacional.
Ante este panorama, los hondureños esperan que la situación se resuelva pronto y se agilice el proceso de transición política, mientras la oposición considera que Redondo y Zelaya buscan retrasar o desestabilizar dicho proceso.
