El gobierno de Xiomara Castro en Honduras ha generado una profunda crisis política al sancionar un decreto que ordena el recuento total de las actas electorales de los comicios del 30 de noviembre. Esta medida, impulsada por el diputado Luis Redondo y respaldada por el partido Libre, ha sido fuertemente criticada por la oposición y expertos, quienes la consideran un intento ilegal de mantenerse en el poder.
El decreto, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar el conteo de todas las actas en los tres niveles electorales (presidencial, legislativo y municipal). De no hacerlo, se advierte que se deducirá responsabilidad penal a los funcionarios.
Líderes de partidos opositores como el Partido Salvador de Honduras y el Partido Nacional han condenado enérgicamente esta acción, calificándola como un "irrespeto a la voluntad del pueblo" y un "delito de traición a la patria". Aseguran que el gobierno de Castro está "germinando en el caos" y se niega a aceptar su derrota electoral.
Por su parte, el próximo presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, le ha pedido a Libre que "ya dejen en paz a Honduras" y entiendan que perdieron las elecciones. Advierte que quienes se presten a estos "actos ilegales" tendrán consecuencias.
Expertos en derecho y política también han criticado duramente la medida. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, señaló que la Constitución exige una mayoría calificada de 86 diputados para tomar decisiones en temas electorales, algo que no se cumplió en la sesión extraordinaria del Congreso.
La excandidata presidencial Maribel Espinoza lamentó que la presidenta Castro haya sancionado este decreto, calificándolo como una "irresponsabilidad". Aseguró que las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas respetarán la Constitución y garantizarán la alternancia del poder.
Ante este escenario, los analistas coinciden en que el gobierno de Castro está empeñado en mantenerse en el poder y obstaculizar la transición democrática. Advierten que estas acciones ponen en riesgo la estabilidad política y la credibilidad de las instituciones electorales en Honduras.
