El Congreso Nacional de Honduras ha aprobado un decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un escrutinio general de la totalidad de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, pese a que el CNE ya había declarado oficialmente los resultados.
La iniciativa, presentada por Luis Redondo, presidente de la junta directiva del Congreso Nacional y militante del Partido Libre, busca revisar más de 19 mil actas electorales de los tres niveles electivos: presidencial, diputados y corporaciones municipales. Según el decreto, quedaron sin contar 306 actas en el nivel presidencial (1.6 %), 2,620 en el nivel de diputados (13.21 %) y 1,848 en el nivel de corporaciones municipales (9.65 %), lo que representa una carga electoral superior a 1.5 millones de ciudadanos.
La medida fue aprobada en una sesión parlamentaria marcada por la ausencia de los diputados opositores, quienes denunciaron haber sido impedidos de ingresar al hemiciclo. El decreto establece que, en caso de incumplimiento por parte del CNE, el Congreso Nacional asumirá directamente el escrutinio, amparándose en el artículo 205 numeral 7 de la Constitución.
Además, el Poder Legislativo ordenó acciones penales contra el órgano electoral a través de una comisión especial, por supuestas irregularidades como la "adulteración de actas y resultados denunciados por la ciudadanía" y el "fracaso y violación del Sistema TREP incluido en el código fuente".
La decisión ya provocó fuertes cuestionamientos de expertos electorales, constitucionalistas y abogados, quienes consideran improcedente y contraria al principio de alternabilidad democrática la pretensión del Congreso de impulsar un recuento general, pese a que el proceso electoral ya fue declarado concluido.
El analista político Augusto Aguilar señaló que las acciones impulsadas desde el Congreso carecen de sustento constitucional, ya que el CNE emitió la declaratoria oficial de resultados el 24 de diciembre en el nivel presidencial y el 30 de diciembre en los niveles de diputados y corporaciones municipales.
Por su parte, la abogada constitucionalista Ruth Lafosse advirtió que permitir que el Congreso asuma el escrutinio equivaldría a vulnerar la institucionalidad electoral, pues sería "como poner a Luis Redondo a que decida quién es el perdedor y quién es el ganador".
La oposición ha presentado un escrito a la presidenta de la República solicitando que no sancione el decreto aprobado por el Congreso, al considerar que vulnera el orden constitucional y la certeza del proceso electoral.
