El proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno incluye una serie de medidas que implican una reducción de costos para las empresas, con el objetivo de incentivar la inversión y el empleo formal. Sin embargo, estas medidas no entrarían en vigencia de manera inmediata con la aprobación de la ley, sino que su puesta en marcha sería definida discrecionalmente por el Ministerio de Economía, en función del cumplimiento de las metas fiscales.
Esto se debe a que el proyecto no contempla cómo se cubriría el costo fiscal de las medidas, una falencia que llevó al Gobierno a vetar leyes impulsadas por la oposición en el pasado. Ahora, el objetivo del oficialismo es lograr que el Congreso le otorgue la facultad de decidir cuándo poner en vigencia las distintas iniciativas, entre las que se encuentran el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el pago de indemnizaciones, la rebaja de las contribuciones al sistema jubilatorio y otros beneficios impositivos para las empresas.
Una de las medidas más significativas es la que implicaría una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales destinadas a la Seguridad Social. Si bien esto generaría un desvío de recursos para la Anses, el Estado debería compensar dicha pérdida, lo que tendría un efecto fiscal.
Según el economista Osvaldo Giordano, el traslado de fondos al FAL representaría una pérdida aproximada de 0,5% del PBI para el sistema previsional. Para cubrir este gasto, si no aumenta la recaudación, la diferencia tendría que ser cubierta por el Tesoro.
El Gobierno espera que estas medidas incentiven la creación de empleos formales, pero el economista Daniel Pérez advierte que la reforma previsional es necesaria no solo por el déficit, sino también por la necesidad de abordar problemas estructurales como las inequidades, los malos incentivos y la ineficiencia del sistema.
