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Jueces de América Latina rechazan intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Jueces de América Latina rechazan intervención militar de EE.UU. en Venezuela

El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) emitió un pronunciamiento en el que rechaza la intervención militar de Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela y condena las amenazas de uso de la fuerza contra otros Estados del continente americano, entre ellos Colombia, Cuba y México.

La declaración, fechada el 8 de enero, se fundamenta en los principios del derecho internacional público y en los lineamientos expresados por el Papa Francisco y por el Papa León XIV. En ese marco, COPAJU sostuvo que toda intervención militar constituye una violación grave de la soberanía estatal, del principio de autodeterminación de los pueblos y de los derechos humanos, al afectar de manera directa a la población civil.

El Comité remarcó que debe garantizarse la soberanía de Venezuela, el respeto al Estado de Derecho y a su Constitución, así como la protección de los derechos sociales, especialmente de los sectores más vulnerables. Asimismo, recordó que ya había advertido, en febrero de 2025, sobre lo que denominó "el fin del orden jurídico internacional", y que en diciembre pasado había alertado sobre la amenaza concreta de una intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

En el documento, COPAJU afirma que una acción armada entre Estados no solo implica una interferencia ilegítima en los asuntos internos de un país, sino que también genera una vulneración múltiple de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Tras analizar de manera cronológica los hechos ocurridos luego del bombardeo del 3 de enero y la captura del presidente venezolano, el Comité señaló que Estados Unidos debió haber recurrido a mecanismos pacíficos, diplomáticos e institucionales para canalizar sus denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. Al optar por la violencia, afirmó, se violó de manera manifiesta el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

COPAJU también advirtió que la intervención estadounidense no se limitó a una operación militar puntual, sino que incluye la intención de gobernar Venezuela durante un período de transición indefinido, sin un marco constitucional claro, lo que profundiza la afectación a la soberanía y genera una grave inseguridad jurídica para la población.

En ese contexto, el Comité expresó su preocupación por lo que considera una desviación del objetivo declarado de la intervención, al señalar que el verdadero interés de Estados Unidos parecería estar centrado en el control de los recursos petroleros venezolanos. Al respecto, recordó que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, según datos de la OPEP, y citó declaraciones públicas del presidente estadounidense en las que habría exigido acceso total a dicho recurso.

Desde una perspectiva histórica y jurídica, COPAJU rechazó la invocación de la doctrina Monroe como justificación de las intervenciones en el continente, al subrayar que se trata de una directriz de política exterior estadounidense sin carácter vinculante en el derecho internacional. Asimismo, recordó la vigencia de la doctrina Drago, que prohíbe el uso de la fuerza para el cobro de deudas o la recuperación de bienes por parte de los Estados.

Finalmente, el pronunciamiento dispuso que el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas, dependiente de COPAJU, incorpore para 2026 un proyecto de investigación académica sobre los hechos denunciados, sus consecuencias jurídicas y su impacto en los derechos humanos, la migración y los recursos naturales.

El documento lleva las firmas del presidente de COPAJU, Roberto Andrés Gallardo (Argentina); la vicepresidenta Ana Inés Algorta Latorre (Brasil); el secretario Gustavo Daniel Moreno (Argentina); y el vocal Daniel David Urrutia Laubreaux (Chile), junto con la adhesión del resto de los miembros de la Junta Directiva.

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