La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la retirada formal de la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos, una decisión que revierte la suspensión adoptada en agosto de 2024 y que había generado fuertes tensiones diplomáticas.
En un mensaje en redes sociales, Castro informó que instruyó al canciller para dejar sin valor ni efecto las notas verbales mediante las cuales su Gobierno había notificado a Washington la terminación del tratado. La mandataria explicó que la denuncia original fue consecuencia de amenazas dirigidas contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
"La determinación que hoy anuncio de retirar la denuncia del Tratado de Extradición constituye una prueba clara de la voluntad política de mi gobierno en la lucha contra el narcotráfico", señaló Castro. Destacó que con el Tratado Honduras ha extraditado a más de 52 personas requeridas por la justicia estadounidense.
La decisión de denunciar el Tratado, vigente desde el siglo pasado, fue anunciada oficialmente en agosto de 2024, cuando el excanciller Eduardo Enrique Reina notificó a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la determinación del Gobierno hondureño. Esto se produjo horas después de que la presidenta Castro reaccionara a declaraciones de la exembajadora Laura Dogu sobre una reunión de autoridades de Defensa y Fuerzas Armadas de Honduras con el ministro de Defensa de Venezuela.
Ante la presión interna y externa, en febrero de 2025 Castro anunció un acuerdo con la nueva administración estadounidense para mantener vigente el Tratado de Extradición hasta el 27 de enero de 2026, fecha en que concluye su mandato. Ahora, a 17 días de dejar el cargo, la presidenta hondureña ha confirmado que el acuerdo continuará.
Sin embargo, Castro lanzó un duro señalamiento hacia Estados Unidos al considerar una "grave contradicción" que ese país indulte a personas condenadas por narcotráfico, en referencia al caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Hernández, extraditado a Estados Unidos en 2022, fue condenado en 2024 a 45 años de prisión, pero indultado por el expresidente Donald Trump en diciembre de 2025.
Según Castro, este tipo de decisiones debilitan los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado y ponen en riesgo la cooperación regional frente a un flagelo que afecta tanto a la sociedad estadounidense como a los países centroamericanos.
