En un momento de incertidumbre en Venezuela, la organización no gubernamental Foro Penal ha revelado que 87 presos políticos detenidos en el país poseen nacionalidad extranjera. Este hallazgo subraya la gravedad de la situación y plantea un llamado urgente a la comunidad internacional para exigir la liberación inmediata de estos ciudadanos.
Según el informe presentado por el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, las nacionalidades más representadas entre los presos políticos extranjeros son la española (17 casos) y la colombiana (13 casos), seguidas por otras nacionalidades como la italiana, argentina, ecuatoriana y ucraniana, entre otras.
"Nacionalidad y número de extranjeros o venezolanos con otras nacionalidades que se mantienen al día de hoy arbitrariamente detenidos en Venezuela. Las representaciones diplomáticas y Cancillerías de sus respectivos países deben exigir su inmediata excarcelación", escribió Himiob en su publicación.
Esta situación se enmarca en un contexto de detenciones masivas ocurridas tras las elecciones presidenciales de 2024, que fueron señaladas por la oposición venezolana como fraudulentas y carentes de transparencia. Más de 2.400 personas fueron detenidas en ese momento, aunque la mayoría fue posteriormente liberada.
Sin embargo, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha denunciado recientemente un "patrón de endurecimiento" en el trato a los presos políticos, incluyendo la suspensión de visitas y la entrega de paquetería, lo que ha aumentado la incertidumbre y la preocupación de las familias venezolanas.
En este contexto, el llamado a la acción internacional se vuelve imperativo. Las representaciones diplomáticas y las cancillerías de los países cuyas nacionalidades están representadas entre los presos políticos extranjeros deben exigir de manera urgente la liberación de estos ciudadanos, que se encuentran detenidos de manera arbitraria.
La situación de los presos políticos en Venezuela es un reflejo de la crisis política y de derechos humanos que atraviesa el país. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de ejercer presión y utilizar todos los mecanismos disponibles para garantizar la protección de estos ciudadanos y poner fin a las detenciones arbitrarias.
