La mayoría de los municipios en Colombia, incluyendo los del departamento de Risaralda, dependen en gran medida de los recursos que les transfiere el Gobierno nacional a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Estos fondos son vitales para financiar obras públicas, programas sociales y el funcionamiento básico de las administraciones locales.
Sin embargo, la Federación Colombiana de Municipios ha manifestado su profunda preocupación por una inminente reducción del 48.8% en los recursos del SGP. Esta drástica disminución presupuestaria pondría en jaque la capacidad de los municipios para atender las necesidades más apremiantes de sus comunidades.
"Estamos hablando de una reducción casi del 50% en los recursos que reciben los municipios a través del SGP. Esto tendría un impacto devastador en la ejecución de obras, programas sociales y el funcionamiento mismo de las administraciones locales", advirtió el presidente de la Federación Colombiana de Municipios.
Los municipios, especialmente los más pequeños y con menores ingresos propios, dependen en gran medida de las transferencias del SGP para financiar servicios básicos como salud, educación, agua potable, saneamiento y desarrollo comunitario. Un recorte de tal magnitud pondría en riesgo la prestación de estos servicios esenciales para la población.
Según datos de la Federación, el 85% de los municipios en Colombia tienen más del 60% de sus ingresos atados al SGP. Esto significa que una disminución tan drástica en estos recursos tendría un impacto directo y generalizado en la capacidad de los entes territoriales para cumplir con sus obligaciones.
"Estamos hablando de una medida que afectaría a prácticamente todos los municipios del país. No solo a los más pequeños y vulnerables, sino también a ciudades intermedias e incluso a algunas capitales departamentales. Es una situación realmente preocupante", agregó el representante de la Federación.
Las autoridades locales han hecho un llamado urgente al Gobierno nacional para que reconsidere esta decisión y garantice la estabilidad en las transferencias del SGP. De lo contrario, advierten, se pondría en riesgo la prestación de servicios públicos básicos y el desarrollo de proyectos clave para el bienestar de millones de colombianos.
