Los diputados de las bancadas de oposición solicitaron este viernes a la presidenta Xiomara Castro que no sancione el decreto aprobado por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, que establece un recuento de votos de las elecciones generales de 2021.
La solicitud de los legisladores opositores se da luego de que Redondo, aliado de Castro, firmara el decreto que ordena un nuevo escrutinio de los sufragios emitidos en los comicios del año pasado. Según los diputados, este movimiento podría generar inestabilidad política y poner en duda la legitimidad del gobierno de Xiomara Castro, quien asumió la presidencia en enero de 2022 tras ganar las elecciones.
"Hacemos un llamado a la presidenta Castro para que no sancione este decreto, que consideramos un atentado contra la democracia y la voluntad popular expresada en las urnas", señaló el diputado Tomás Zambrano, del partido Libertad y Refundación (Libre), principal fuerza opositora.
Por su parte, desde el oficialismo se defiende la medida argumentando que es necesaria para "garantizar la transparencia" del proceso electoral. "El pueblo hondureño tiene derecho a saber la verdad sobre los resultados electorales. Un nuevo recuento permitirá disipar cualquier duda", afirmó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor Fasquelle.
No obstante, la oposición teme que el decreto pueda ser utilizado para revertir el triunfo de Xiomara Castro y mantener al Partido Nacional en el poder. "Es una maniobra antidemocrática que busca desconocer la voluntad popular. No lo vamos a permitir", advirtió el diputado Zambrano.
Analistas políticos consultados por este medio coinciden en que el conflicto en torno al recuento de votos podría derivar en una crisis institucional de graves consecuencias para la joven democracia hondureña. Algunos incluso temen que se desate una confrontación violenta entre oficialistas y opositores.
"Estamos ante una situación sumamente delicada. Cualquier paso en falso puede tener repercusiones imprevisibles. Lo mejor sería que todas las fuerzas políticas se sentaran a dialogar y encontraran una solución negociada", señaló el politólogo Ernesto Mejía.
Por el momento, la presidenta Castro no se ha pronunciado públicamente sobre el decreto. Analistas consideran que su decisión de sancionarlo o no será clave para definir los próximos pasos en esta compleja coyuntura política.
