Dos años después de declarar un estado de excepción y una "guerra" contra el crimen organizado, un país sudamericano enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. A pesar de la militarización de las calles, los homicidios intencionales alcanzaron un récord histórico en 2025, superando los 16.000 asesinatos en los últimos dos años.
Según datos del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2025 cerró como el año más violento de la historia nacional, con 9.176 homicidios intencionales. Esto a pesar de que en enero de 2024 el mandatario emitió un estado de excepción, que se ha modificado y renovado constantemente hasta la actualidad.
En ese contexto, las fuerzas de seguridad iniciaron una "guerra" contra el crimen organizado, donde policías y militares actúan de manera conjunta en el denominado Bloque de Seguridad. Sin embargo, la militarización no ha logrado cumplir el objetivo de reducir los homicidios, y paralelamente ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos sobre posibles violaciones de garantías básicas, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), de Guayaquil, registró al menos 43 desapariciones forzadas en 2024, incluyendo el caso emblemático de cuatro niños del barrio Las Malvinas, detenidos por una patrulla militar y posteriormente asesinados.
Expertos en seguridad, como Carla Álvarez, señalan que la militarización no ha sido suficiente para contener la violencia y que se necesitan medidas estructurales más amplias, como la generación de empleo formal, el regreso de los jóvenes a las aulas y la satisfacción de necesidades básicas de la población.
"La inseguridad constante indica que la militarización no ha sido suficiente. Necesitamos adoptar medidas más allá de la simple presencia de las Fuerzas Armadas en las calles", afirmó Álvarez.
Este 2026 ya comenzó con varias masacres y ataques armados, lo que evidencia la persistencia de los hechos violentos, especialmente en la costa del país, aunque la capital también ha sido escenario de robos a mano armada a plena luz del día.
Ante esta situación, los expertos y organizaciones de derechos humanos hacen un llamado urgente a las autoridades para que implementen estrategias integrales que aborden las raíces del problema, más allá de la respuesta militar, y así poder poner fin a la espiral de violencia que azota a la nación.
