El centrista Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia de Bolivia hace dos meses, se enfrenta a un conflicto latente por el decreto que retiró la subvención a los combustibles en el país. La medida, que elevó los precios de la gasolina y el diésel en hasta un 162%, ha generado fuertes protestas de sindicatos y sectores que fueron aliados de los gobiernos izquierdistas anteriores.
Tras tomar posesión el 8 de noviembre, Paz emitió el decreto 5503 que, entre otras disposiciones, eliminó el subsidio a los combustibles que había regido por más de 20 años. Según las autoridades, este subsidio se había vuelto insostenible debido al alto costo y los actos de corrupción que generaba.
El decreto estableció nuevos precios de 6,96 bolivianos (1 dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel. Estos incrementos, que van del 86% al 162% respecto a los costos subvencionados, han sido rechazados por sindicatos y sectores que fueron aliados de los expresidentes Evo Morales y Luis Arce.
Desde el 22 de diciembre, se han registrado protestas callejeras en La Paz, con marchas desde el altiplano hasta la capital para exigir la derogación del decreto 5503. La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, ha instruido el bloqueo de vías, afectando principalmente al departamento de La Paz.
Los sindicatos también cuestionan el decreto porque consideran que abre la posibilidad de la venta de los recursos naturales y las empresas estatales de Bolivia a capitales extranjeros, algo que el Gobierno ha negado.
Mientras tanto, el Gobierno y los dirigentes de la COB han reanudado un diálogo iniciado el día anterior, en el que se ha discutido la posibilidad de realizar "modificaciones en forma" de 35 artículos del decreto, manteniendo el retiro de la subvención. Sin embargo, los líderes sindicales aún deben informar a sus bases sobre los avances de estas negociaciones.
La situación en Bolivia se mantiene tensa, con protestas y bloqueos de carreteras que, según la Cámara Nacional de Industrias, generan pérdidas de 60 millones de dólares por cada día. El Gobierno ha reconocido el derecho a la protesta, pero ha pedido a los manifestantes que no "violenten" ni "bloqueen el trabajo de otros bolivianos".
