El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Hacienda, ha anunciado la intención de repatriar cerca de $200 billones que actualmente se encuentran invertidos en fondos de pensiones privados en el exterior. Esta propuesta, sin embargo, ha generado fuertes críticas de expertos y la asociación del sector, Asofondos.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó esta iniciativa el pasado 31 de diciembre como parte de la estrategia del Gobierno para conseguir recursos y reducir el déficit fiscal. El proyecto de decreto, que estaría listo a mediados del segundo trimestre de 2026, está actualmente en revisión del Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera.
Mónica Higuera Garzón, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), advierte que esta medida no sería beneficiosa para el sistema pensional. Señala que los recursos están invertidos en productos de mediano y largo plazo con penalizaciones por retiro anticipado, y que traerlos de vuelta generaría "pérdidas, penalidades y presiones indebidas sobre el mercado local", afectando directamente a los afiliados.
Por su parte, Asofondos, la asociación que representa a las administradoras de fondos de pensiones, también ha manifestado su preocupación. Andrés Velasco, presidente de la organización, asegura que la diversificación de los portafolios en el exterior les ha permitido cumplir con el objetivo de incrementar el ahorro de los trabajadores, y que cualquier medida que afecte esto "afectaría el bienestar del ahorro de más de 19 millones de trabajadores".
La Procuraduría General de la Nación ha convocado una mesa técnica para el próximo 20 de enero, con el fin de evaluar los riesgos de mercado y desinversión de la medida, así como los efectos y rendimientos de los portafolios.
Expertos y la industria del sector coinciden en que cualquier decreto que se emita debe cumplir con un ciclo normativo completo, incluyendo estudios técnicos, memoria justificativa y un periodo de comentarios públicos, para que la industria y la ciudadanía puedan participar en el proceso.
