El salario mínimo en Latinoamérica inició 2026 con un promedio regional cercano a los 400 dólares mensuales, con ajustes heterogéneos, disparidades entre las economías, tensiones fiscales y una persistente pérdida de poder adquisitivo frente al costo de vida y la alta informalidad laboral.
Entre los países con ingresos mínimos más elevados, Uruguay destaca con un salario que llegará a unos 620 dólares tras un aumento total del 7,54 % en dos tramos, con una inflación controlada y negociaciones colectivas que suelen fijar sueldos por encima del mínimo legal. Chile, con 598 dólares, se mantiene entre los más altos de la región gracias a un ciclo de alzas iniciado en 2022, aunque aún lejos de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En Colombia, el incremento del 23,7 %, que llevó el salario mínimo a 535 dólares (incluido el subsidio de transporte), fue el mayor en décadas. Si bien el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, defiende ese aumento como un avance social, economistas advierten sobre su impacto potencial en inflación, empleo y gasto público en un año electoral.
México aprobó un aumento relevante del salario mínimo diario hasta 17,58 dólares a nivel general y 24,61 dólares en la frontera norte que beneficiará a 8,5 millones de trabajadores, pero que también eleva costos para las empresas al recalcular prestaciones, cuotas al seguro social y aportes a la vivienda.
En Brasil, el salario mínimo subió 6,79 % hasta los 295 dólares mensuales, según una fórmula legal que combina inflación y crecimiento con límites al gasto. El ajuste incide directamente en pensiones y beneficios sociales para cerca de un tercio de la población, pero sigue muy por debajo del costo de la canasta básica familiar, estimada en unos 1.290 dólares.
El caso más crítico es Argentina, donde el salario mínimo, fijado por decreto tras fracasar el diálogo social, ronda los 228 dólares en enero. Según un informe de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), desde el inicio del Gobierno de Javier Milei y hasta noviembre pasado, el salario mínimo, vital y móvil acumuló una caída real del 35,2 % en su poder adquisitivo, debido a ajustes por debajo de la inflación, que alcanzó el 117,8 % en 2024 y acumuló un 27,9 % entre enero y noviembre de 2025.
En contraste, Guatemala y Honduras combinan alzas moderadas con altos niveles de informalidad, que limitan el alcance real de los incrementos. El Gobierno de Guatemala ordenó en diciembre pasado un aumento de entre el 4 y el 7,5 % al salario mínimo, dependiendo del tipo de trabajo correspondiente. En Honduras el salario mínimo oscila entre 460 y 638 dólares dependiendo del número de empleados de las empresas.
Los casos más extremos siguen siendo Venezuela y Cuba. En Venezuela, el salario mínimo permanece congelado desde 2022 en unos 0,40 dólares mensuales, compensado parcialmente con bonos que no inciden en prestaciones laborales, mientras que en Cuba el ingreso mínimo equivale a unos 5 dólares, prácticamente sin poder de compra tras el fracaso de la reforma monetaria.
Para 2026, el debate seguirá centrado en cómo mejorar el ingreso real sin afectar el empleo formal ni la sostenibilidad fiscal, en economías marcadas por la informalidad y el alto costo de vida.
