En un nuevo episodio de la espiral de violencia que azota a algunas regiones de Colombia, un destacado líder comunitario conocido como "Viejo Jhon" fue asesinado presuntamente por disputas entre grupos armados ilegales que buscan el control de territorios estratégicos.
Según la información disponible, el hecho ocurrió en una zona rural del departamento de Nariño, en el suroeste del país, donde "Viejo Jhon" ejercía un importante liderazgo y labor social dentro de su comunidad.
Testigos reportaron que el asesinato se produjo cuando el líder comunitario se encontraba en su vivienda. Hombres armados irrumpieron y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma instantánea.
Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los móviles y responsables de este crimen, que una vez más pone en evidencia la grave situación de seguridad que enfrentan líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de comunidades vulnerables en diversas zonas del país.
Lamentablemente, este no es un hecho aislado. Según informes de organizaciones de derechos humanos, durante el 2022 se han registrado al menos 145 asesinatos de líderes sociales en Colombia, una cifra alarmante que refleja los enormes desafíos que enfrenta el Estado colombiano para garantizar la protección de quienes luchan por los derechos de sus comunidades.
La muerte del "Viejo Jhon" ha generado consternación y exigencias de justicia entre los habitantes de la región, quienes reclaman una respuesta contundente por parte de las autoridades para frenar esta ola de violencia que amenaza a los defensores de los derechos humanos y el tejido social en amplias zonas del país.
Expertos señalan que la disputa por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas está detrás de gran parte de estos ataques contra líderes comunitarios. Los grupos armados ilegales, ya sean guerrillas, paramilitares o bandas criminales, buscan imponer su dominio sobre estos territorios, sin importar el costo en vidas humanas.
La situación es particularmente grave en departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia, donde la presencia del Estado es débil y los grupos armados han logrado establecer verdaderos feudos bajo su control. Los líderes sociales que se atreven a desafiar ese dominio se convierten en objetivos prioritarios.
Ante este panorama, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han hecho un llamado urgente al gobierno colombiano para que implemente medidas efectivas de protección a los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, así como para que intensifique los esfuerzos por recuperar el control territorial en las zonas más afectadas por la violencia.
Solo con una respuesta integral y sostenida del Estado, que combine la acción de las fuerzas de seguridad con programas de desarrollo y reconciliación, se podrá poner fin a esta espiral de violencia que sigue cobrando vidas de quienes luchan por el bienestar de sus comunidades en Colombia.
