El Gobierno de España ha planteado a la Unión Europea la posibilidad de eliminar las sanciones impuestas a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, si se producen avances significativos en la situación política y de derechos humanos en Venezuela.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, insistió en que las sanciones deben entenderse como un instrumento político y no como un objetivo permanente. Según Albares, las sanciones deben ser revisadas y adaptadas en función de los progresos que se registren en Venezuela.
"Las sanciones no son un fin en sí mismas, sino un instrumento político para tratar de promover cambios en Venezuela", afirmó el ministro español. En este sentido, Albares señaló que si se producen "avances relevantes" en materia de derechos humanos y de apertura del diálogo político, sería oportuno "revisar" las medidas restrictivas impuestas por la UE.
Las declaraciones del ministro Albares se producen en un momento de relativa distensión en las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Tras años de tensión y desencuentros, España parece estar buscando un acercamiento con Caracas que podría traducirse en una flexibilización de la postura europea hacia el país caribeño.
Las sanciones de la UE contra altos cargos del régimen venezolano, entre ellos Delcy Rodríguez, fueron impuestas en 2017 y se han ido renovando desde entonces. Rodríguez, considerada una de las principales colaboradoras de Maduro, está sancionada por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos y el deterioro de la democracia en Venezuela.
Según fuentes diplomáticas, la propuesta española de levantar las sanciones a Rodríguez se enmarca en una estrategia más amplia de acercamiento a Venezuela, con el objetivo de facilitar un diálogo político que permita avanzar hacia una solución negociada a la crisis que vive el país.
El Gobierno de Sánchez parece apostar por una vía pragmática, alejada de los posicionamientos más confrontacionales adoptados en el pasado por otros ejecutivos españoles. Sin embargo, esta postura más flexible choca con la posición de otros socios europeos, que siguen exigiendo cambios sustanciales en Venezuela antes de considerar cualquier levantamiento de sanciones.
