El fiscal provincial José Domingo Pérez, conocido por su papel protagónico en los casos de corrupción del Equipo Especial Lava Jato, ha quedado fuera del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Esta situación se debe a la reciente desactivación del equipo especial, una decisión tomada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.
La resolución de la Fiscalía de la Nación establecía que todos los fiscales provinciales y adjuntos debían continuar con los procesos a su cargo, con la excepción de José Domingo Pérez. Pese a ser el fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, Gálvez no lo reubicó en otro despacho fiscal ni dispuso su regreso a su plaza de origen, lo cual es lo habitual cuando se da por concluido un destaque.
Durante la sesión del juicio oral contra Susana Villarán el pasado 8 de enero, la fiscal adjunta provincial Isabel del Águila comunicó al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que el miércoles la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima había encargado al abogado Alexander Daniel Taboada Guardián el despacho fiscal que tendrá a cargo el caso contra la exalcaldesa de Lima. Taboada Guardián también formaba parte del Equipo Especial Lava Jato, pero a diferencia de Pérez, sí fue reubicado en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
El nuevo fiscal tendrá la responsabilidad de sustentar la acusación contra Susana Villarán por haber recibido ilegalmente más de 11 millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
La salida de José Domingo Pérez del caso Villarán se produce en un momento clave, cuando el juicio oral ya se encuentra en curso. Pérez, conocido por su tenacidad y determinación en la lucha contra la corrupción, ha sido una figura clave en varios de los principales casos de corrupción del país. Su ausencia en este proceso podría tener un impacto significativo en el desarrollo y desenlace del mismo.
La decisión de la Fiscalía de la Nación de desactivar el Equipo Especial Lava Jato y la consecuente salida de Pérez del caso Villarán ha generado preocupación y cuestionamientos en diversos sectores de la sociedad, que temen que pueda afectar la continuidad y el avance de las investigaciones sobre corrupción de alto nivel en el país.
