El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, solicitó este 8 de enero de 2026 la renuncia voluntaria e irrevocable a todos los directores del organismo para una evaluación de desempeño y cumplimiento de resultados.
Según el oficio enviado por Godoy, la evaluación estará "orientada a verificar el grado de cumplimiento de los objetivos, responsabilidades asignadas y resultados alcanzados" por los funcionarios durante el periodo 2025. Además, se evaluará el nivel de "contribución, eficiencia y compromiso institucional" demostrados por los directores.
La medida se da en medio de las denuncias hechas por el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien difundió audios del exdirector provincia de Pichincha de la entidad, Henry Gaibor, presionándolo por la sentencia del caso Euro2024. Estos hechos terminaron con la salida de Gaibor de la Judicatura y han puesto a Mario Godoy a las puertas de un juicio político en la Asamblea Nacional.
En el oficio, Godoy también solicita que los funcionarios que cuenten con análisis de riesgo y medidas de seguridad otorgadas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional deberán informarlo, con el fin de mantener actualizados los registros y "coordinar acciones que resulten necesarias" para su protección.
La jueza y presidenta subrogante de la Corte Nacional, Enma Tapia, también se pronunció el 9 de enero sobre los señalamientos contra José Suing, en medio de la polémica en torno a Mario Godoy y el Consejo de la Judicatura.
Esta evaluación masiva de los funcionarios de la Judicatura se produce en un momento de alta tensión y cuestionamientos sobre la independencia y transparencia del organismo. Las renuncias solicitadas y la revisión de desempeño buscan, según Godoy, mejorar la eficiencia y el compromiso institucional, pero también podrían interpretarse como una purga de funcionarios incómodos para el actual liderazgo.
