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Directivos de colegio en Perú denuncian presunta extorsión de organización criminal

Directivos de colegio en Perú denuncian presunta extorsión de organización criminal

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) informó que ningún miembro de la plana directiva ni docente del colegio José Carlos Mariátegui, ubicado en el distrito de El Porvenir, es presuntamente víctima de extorsión. Sin embargo, tras la aparición de stickers vinculados a la organización criminal "Los Pulpos" en el portón del centro educativo, el titular de la Grell, Rufino Rodríguez Román, solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) que realice una investigación más profunda para esclarecer el motivo de la colocación de estos adhesivos.

Rodríguez Román explicó que la Policía les dijo a los directivos del colegio que, como no hay víctimas de extorsión, no habría razón para realizar una denuncia y, por lo tanto, el caso no se investigaría con más detenimiento. El funcionario cuestionó esta postura, ya que considera que la presencia de los stickers en una parte tan visible de la institución educativa es un problema que debe ser investigado a fondo.

"Es preocupante lo sucedido. De manera formal no han informado casos como estos, pero de manera informal tal vez los haya, porque no amenazan a la institución, sino al director o al profesor; sin embargo, por temor muchos de ellos no denuncian", mencionó Rodríguez Román.

Ante esta situación, el titular de la Grell ha dispuesto que los 12 directores de Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) permanezcan atentos a este tipo de incidentes para que se puedan realizar las investigaciones correspondientes y determinar qué está sucediendo realmente.

La aparición de los stickers de "Los Pulpos" en el colegio José Carlos Mariátegui ha generado preocupación entre las autoridades educativas, quienes temen que este tipo de hechos puedan estar ocurriendo de manera más generalizada en la región, pero que no se denuncian por miedo a represalias.

El caso pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades policiales y educativas trabajen de manera coordinada para abordar de forma efectiva la problemática de la extorsión y la presencia de organizaciones criminales en los centros educativos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

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