Ecuador, como país en vías de desarrollo, ha enfrentado el reto de equilibrar su crecimiento económico con la preservación de su destacada biodiversidad y recursos naturales. El país ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, logrando avances importantes en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO).
Según datos de la CEPAL, Ecuador ha logrado reducir la intensidad de carbono de su economía en un 34% entre 2000 y 2022, pasando de 998 a 662 tCO2e/PIB. Esta mejora se atribuye a la modernización de la matriz energética y la implementación de tecnologías más eficientes en los sectores productivos. Asimismo, el país ha experimentado una disminución dramática del 98,8% en el consumo de SAO desde 1990, gracias a un marco regulatorio robusto y la cooperación entre el sector público y privado.
Sin embargo, el debate sobre la relación entre crecimiento económico y deterioro ambiental continúa vigente en Ecuador y América Latina. Mientras que la hipótesis de la Curva de Kuznets Ambiental sugiere que el crecimiento por sí solo puede revertir la degradación a largo plazo, la evidencia empírica no es concluyente.
En el caso de Ecuador, el modelo extractivista basado en la explotación de recursos naturales, principalmente el petróleo, ha generado crecimiento económico, pero también severos impactos ambientales. Revertir esta dinámica insostenible requerirá de políticas públicas activas que promuevan un cambio estructural hacia actividades más limpias, junto con marcos regulatorios e institucionales sólidos para la gestión ambiental.
El país deberá fortalecer la aplicación de sus principios ambientales, especialmente en lo referente al acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. La transición hacia economías más verdes y equitativas es el gran desafío que enfrenta Ecuador y la región latinoamericana en las próximas décadas.
