La Clínica Santa María en Santiago deberá pagar más de $24 millones en indemnizaciones a una técnica en enfermería que fue obligada a renunciar tras 11 años de trabajo en el recinto. El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo determinó que se trató de un despido encubierto, anulando la supuesta "renuncia voluntaria" de la trabajadora.
Según los antecedentes del caso, en agosto de 2024 la empleada de iniciales M.A.P.G. fue citada a una reunión con sus superiores, donde se le imputó una falta grave relacionada con una receta médica. Allí, la presionaron para que renunciara de inmediato, amenazándola con un despido y posibles denuncias que podrían llevarla a perder su título profesional.
Bajo esa presión, la trabajadora ingresó su renuncia electrónicamente ese mismo día, pero el tribunal consideró que su voluntad estaba viciada por la coacción ejercida por la clínica. La jueza Carolina Luengo Portilla sentenció que no se trató de una decisión libre, sino de un despido encubierto por parte del empleador.
En su fallo, el juzgado ordenó a Servicios Médicos Santa María Limitada pagar a la exfuncionaria una indemnización sustitutiva de aviso previo de $1.400.482, una indemnización por años de servicio de $15.405.302, más un recargo legal del 50% equivalente a $7.702.651 adicionales, además de reajustes e intereses.
La clínica ya recurrió la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que el proceso aún se encuentra pendiente de resolución. Sin embargo, el tribunal de primera instancia fue claro al señalar que la empresa tenía la opción de iniciar un despido disciplinario, pero optó por forzar la renuncia para eludir el procedimiento legal.
Este caso pone de manifiesto la importancia de respetar los derechos laborales de los trabajadores, incluso en situaciones de presunta falta grave. Las empresas deben seguir los conductos regulares y no recurrir a mecanismos que vulneren la voluntad de sus empleados.
