La intervención de la Superintendencia de Compañías en la empresa Granasa ha encendido las alarmas sobre la seguridad jurídica y el derecho de propiedad en el país. Más allá del caso específico, esta acción representa una señal peligrosa para todo el sector productivo.
La Superintendencia, que debería limitarse a vigilar el cumplimiento de la ley, parece haberse confundido en su rol y ha intentado inmiscuirse en la administración de acciones que no le pertenecen. En el caso de Granasa, la situación es aún más delicada, pues detrás de la decisión se vislumbra una voluntad de intervenir en la línea editorial de la empresa, luego de que los intentos por doblegarla desde fuera no prosperaran.
Esto no se trata de un hecho aislado, sino de un problema que trasciende a una sola empresa. Cuando una entidad creada para vigilar empieza a comportarse como dueña, el asunto deja de ser meramente administrativo y se convierte en un tema político y económico de gran relevancia.
La intervención de la Superintendencia de Compañías en Granasa envía un mensaje sumamente preocupante sobre la fragilidad de la seguridad jurídica y la amenaza directa al derecho de propiedad en el país. Cuando se cruza ese límite, ningún empresario debería sentirse tranquilo, pues hoy fue uno, pero mañana puede ser cualquiera que incomode.
Esta situación genera un ambiente de incertidumbre y desconfianza que puede tener graves consecuencias para el sector productivo y la economía en general. Es imperativo que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y garanticen el respeto a la ley, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, pilares fundamentales para el desarrollo y la inversión en el país.
