En un hecho sin precedentes, más de 30 exmagistrados del Consejo de Estado enviaron una carta al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que rechazaron enérgicamente los ataques que este realizó contra las altas cortes en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.
Los firmantes de la misiva calificaron las declaraciones de Benedetti como "antidemocráticas, falsas y contrarias a la Constitución". Según los exmagistrados, tildar a estos organismos de "cobardes" y de estar "aliados con la oposición para perjudicar al presidente Gustavo Petro y su administración" carece de "valor fáctico" y pone en riesgo el balance de poderes y la institucionalidad.
"Las afirmaciones efectuadas por el Ministro, acusando a los presidentes de 'las Cortes' de actuar 'con cobardía y oposición al gobierno...', así como de calificarlos de 'narcos' y de sostener que estarían de acuerdo en que ellos, como miembros del Estado, no tienen legitimidad, carecen de veracidad, ofenden la dignidad que representan en la institucionalidad, resultan calumniosas y desconocen uno de los pilares fundamentales de la democracia y del Estado Social de Derecho: la separación de los poderes públicos", se lee en la carta.
Los exmagistrados señalaron que la "razón de ser de la división del poder del Estado en tres ramas es evitar su concentración en una sola persona o institución, así como institucionalizar el mutuo control político y jurídico entre ellas". Por lo tanto, lo afirmado por Benedetti "conlleva una censura y un atentado contra la legitimidad de las ramas legislativa y judicial, lo cual resulta abiertamente antidemocrático y contrario a la Constitución Política de 1991".
Ante esto, los firmantes exigieron que Benedetti se retracte de manera inmediata de sus acusaciones y que reconozca públicamente "la plena vigencia de los principios democráticos, así como el respeto debido a la autonomía e independencia judicial".
La carta de los exmagistrados se produce en medio de una creciente tensión entre el Gobierno de Petro y las altas cortes, que ha incluido desde fallos que restringieron las alocuciones presidenciales y órdenes de rectificación sin precedentes, hasta la suspensión de un decreto para convocar una consulta popular y el freno a la reforma pensional.
Estos enfrentamientos han alimentado un clima de confrontación que alcanzó su punto más crítico cuando el presidente Petro cuestionó públicamente la legitimidad de los jueces en el caso Álvaro Uribe Vélez y revivió su propuesta de una asamblea nacional constituyente.
Según expertos, lo que inicialmente parecían disputas aisladas terminó configurando una narrativa mayor: un año en el que las reglas del Estado Social de Derecho fueron puestas a prueba, y en el que el debate sobre quién interpreta y hasta dónde la Carta Magna se convirtió en el eje de la vida política nacional.
