La compra de dos patrulleras oceánicas (OPVs) por parte del gobierno uruguayo a la empresa española Francisco Cardama S.A. está envuelta en serias irregularidades. Una investigación periodística revela que la compañía atravesaba una grave crisis financiera en el momento de obtener el contrato de 84,2 millones de euros, lo que cuestiona seriamente el proceso de selección.
Los balances de la empresa entre 2020 y 2024 muestran una situación de inestabilidad y problemas de liquidez. En 2024, la compañía registró ganancias de solo 90.000 euros, con un alto nivel de endeudamiento. Esto contrasta fuertemente con la magnitud del contrato adjudicado, que incluía una garantía previa de 4,1 millones de euros.
Según el informe, la falta de consenso entre los principales accionistas de Francisco Cardama S.A. para aprobar las cuentas de 2024 habría complicado el acceso a nueva financiación, dejando a la empresa en una situación vulnerable. Incluso tuvieron que reestructurar su deuda con el Banco Santander y solicitar un préstamo de emergencia al Igape (Xunta de Galicia) para evitar el colapso financiero.
La investigación cuestiona seriamente cómo una empresa con esta precaria situación económica pudo ser seleccionada para un contrato tan importante. Además, se señala que la garantía presentada por la empresa, proveniente del EuroCommerce Bank de Londres, resultó ser una estafa, lo que pone en duda la diligencia de las autoridades uruguayas al momento de validar la solvencia de la contratista.
Expertos consultados afirman que resulta inexplicable que el gobierno uruguayo, con los datos financieros públicos disponibles, haya adjudicado un contrato de tal magnitud a una compañía en crisis. Esto genera serias sospechas de falta de criterio, incapacidad o incluso inmoralidad en el manejo de los fondos públicos.
La investigación concluye que el proceso de compra de las patrulleras oceánicas está plagado de irregularidades y cuestionamientos, lo que amerita una exhaustiva investigación por parte de las autoridades uruguayas para esclarecer las responsabilidades y eventuales actos de corrupción.
