El Gobierno de Bolivia, a través del Ministerio de Economía, ha impuesto un límite temporal del 20% en los gastos de los gobiernos municipales y departamentales del país. La medida, que busca "generar un techo temporal hasta que se apruebe un nuevo presupuesto", ha generado preocupación y protestas en varias regiones del país.
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, salió a explicar la decisión y a calmar los ánimos. "No existe ninguna reducción de presupuesto a los gobiernos ni departamentales ni municipales", aseguró, al tiempo que aclaró que la medida solo implica que los municipios y gobernaciones no pueden comprometer más del 20% de su presupuesto anual hasta febrero, cuando se espera que el Gobierno presente un nuevo presupuesto a la Asamblea Legislativa.
Barrientos dejó abierta la posibilidad de que algunas partidas, como el desayuno escolar u obras públicas, puedan ampliar ese margen establecido. Sin embargo, la decisión ha sido recibida con rechazo por parte de las asociaciones de municipios, que han emitido comunicados de emergencia denunciando un recorte presupuestario de hasta el 80%.
Desde el Ejecutivo se ha explicado que el objetivo de esta medida es ajustarse al plan de austeridad solicitado por el presidente Rodrigo Paz. Voceros del Ministerio de Economía han adelantado que en el nuevo presupuesto que se presentará en febrero se buscará un "recorte importante" para cumplir con ese objetivo.
La situación ha generado tensión entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos, que temen ver mermados sus recursos. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la medida es temporal y que buscará soluciones para evitar afectar la prestación de servicios básicos a la población.
