El presidente Javier Milei inauguró el año con el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 que amplía los límites de lo que puede quedar bajo la lupa de la vigilancia del gobierno, incluso da potestad a los agentes a realizar arrestos sin autorización judicial.
La oposición y organizaciones jurídicas y de derechos humanos reaccionaron de inmediato. Políticos opuestos adelantaron que buscarán revocar el DNU cuando se reanude la actividad legislativa, mientras ante los tribunales hay al menos tres demandas para que se suspenda su aplicación, una de ellas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
ElDiarioAR señala que los amparos judiciales que cuestionan la constitucionalidad del decreto no paran de acumularse y, si bien el Gobierno está preparado para dar la batalla judicial, los frentes se multiplican delante de sus narices. El problema principal lo tiene en el Congreso, donde el ejecutivo no tiene garantizado el número de votos para sostener el DNU.
El DNU, firmado por Milei y sus principales funcionarios del Gabinete el último día de 2025, creó cuatro nuevas dependencias, todas ellas subordinadas al Secretario de Inteligencia del Estado (SIDE). Habilitó a los espías a actuar como auxiliares de la Justicia y eliminó la obligatoriedad del acuerdo del Senado para nombrar al titular del organismo. Estableció, además, que la SIDE coordina y controla el presupuesto de las áreas de inteligencia de los Ministerios de Seguridad y de Defensa.
Además, reduce los márgenes de control sobre todo de la Comisión Bicameral del Congreso en materia de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia y limita el acceso a la información sobre un área clave del Estado. También crea una Agencia Federal de Ciberseguridad, la cual funcionará fuera del ámbito de la SIDE y la pone en manos del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Los opositores al decreto consideran que no precisa conceptos que permiten interpretaciones elásticas que podrían terminar justificando tareas de inteligencia sobre actividades legítimas, como la militancia política o el periodismo. El rechazo al DNU tiene por el momento 121 votos en la Cámara de Diputados, 93 de esos votos provienen de legisladores de Unión por la Patria, quienes denuncian que Milei convierte a los agentes de la SIDE en una policía secreta que puede aprehender personas y que legaliza el espionaje interno.
La otra base del rechazo son los 22 diputados que integran el interbloque de Provincias Unidas, que preside la santafesina Gisela Scaglia e incluye a los cordobeses que responden a Martín Llaryora, a los radicales no libertarios, a los de Coalición Cívica y a otros.
El CELS presentó una acción de amparo colectivo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad del DNU. La organización defensora de los derechos humanos también solicitó una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de varios artículos del decreto.
