El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado estar dispuesto a enviar soldados para el mantenimiento de la paz "en Palestina", luego de haber hecho una sugerencia similar con respecto a Ucrania. Esta propuesta se enmarca en la posición firme de España contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza y a favor de una solución pacífica al conflicto israelo-palestino.
Sánchez declaró durante una ceremonia frente a los embajadores españoles reunidos en Madrid que "Propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación, y, por qué no, en un futuro, (...) de reconocimiento de los dos Estados entre Israel y Palestina".
Además, el presidente español no olvidó mencionar la posibilidad de que España participe en una eventual fuerza de paz en Ucrania. "¿Cómo no vamos a mandar tropas de paz a Ucrania, a un país europeo?", se preguntó Sánchez.
El Gobierno español, que reconoció a Palestina como Estado en 2024, ha sido una de las voces más firmes en Europa contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, desencadenada tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Sánchez ha llamado a alzar "la voz para que no caiga en el olvido la dramática situación" de los palestinos, durante un encuentro en Madrid con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas.
Esta propuesta de enviar tropas de paz a Palestina y Ucrania se enmarca en la política exterior española, que busca promover la resolución pacífica de conflictos y la estabilidad en regiones clave. Sánchez ha manifestado que "un estado de Palestina independiente, viable, seguro será la solución para la estabilización y para el desarrollo y el progreso de una importante región".
La iniciativa de Sánchez llega en un momento de tensión en ambos conflictos, y refleja el papel que España aspira a desempeñar en la búsqueda de soluciones diplomáticas a nivel internacional. Sin embargo, la propuesta deberá ser discutida y aprobada por el Congreso español antes de que pueda materializarse.
