Pese a más de 500 días continuos de estado de excepción, las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro en Ecuador cerraron el 2025 con cifras récord de violencia, incluyendo homicidios, masacres carcelarias, extorsiones y ataques armados.
La medida extraordinaria, que implica restricciones de movilidad, militarización de espacios públicos y suspensión parcial de derechos, no ha logrado contener la escalada de criminalidad en estas regiones. Por el contrario, la violencia no solo persiste, sino que se intensifica.
Guayas volvió a liderar las estadísticas de muertes violentas, mientras Manabí registró repuntes asociados a disputas entre bandas por rutas del narcotráfico. Por su parte, Los Ríos y El Oro se consolidaron como corredores estratégicos para economías criminales que operan entre la Costa y la frontera sur.
Para el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Wagner Bravo, el estado de excepción aún puede justificarse, pues "de lo contrario, estaríamos en una situación de excepción permanente y la violencia sería mucho más alta". Sin embargo, reconoce que los delincuentes ya conocen el accionar del Estado bajo este esquema, por lo que es necesario cambiar la estrategia y actuar sobre ellos, no solo reaccionar.
La abogada constitucionalista María Luisa Palma advierte que la reiteración del estado de excepción "erosiona su carácter excepcional y obliga al Estado a demostrar, con indicadores claros, que la restricción de derechos produce resultados medibles en seguridad".
Por su parte, el experto en seguridad Daniel Pontón considera que el presidente Noboa tiene "una dependencia psicológica y política del conflicto interno para sostener su plataforma de gobierno", sin mostrar intención de modificar esa narrativa.
La socióloga Carla Álvarez señala que el estado de excepción "puede contener brotes en momentos específicos, pero no remplaza políticas de prevención, control de armas, inteligencia criminal ni reformas al sistema penitenciario". Además, advierte que la normalización de la militarización conlleva costos sociales y erosiona la confianza ciudadana.
Pontón recalca que el negocio de la droga opera "sin regulación, sin impuestos, bajo la ley del más fuerte", y que la represión estatal es apenas una variable dentro de un fenómeno criminal que trasciende las fronteras del país. Por lo tanto, el estado de excepción, por sí solo, no basta para resolver la crisis de seguridad que viven estas provincias.
