La reforma del Imposto de Renda (IR) en Brasil, sancionada en noviembre de 2025, presenta un dilema fiscal que va más allá de los beneficios aparentes. Si bien la medida busca aliviar la carga tributaria de los contribuyentes de bajos ingresos, la contrapartida es la creación de un Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo (IRPFM) que afecta a las altas rentas.
La nueva ley incluye, por primera vez en décadas, la tributación de los lucros y dividendos recibidos por personas físicas, con una alícuota progresiva que alcanza el 10% para aquellos ingresos anuales superiores a R$ 1,2 millones. Sin embargo, este esquema rompe con el equilibrio que sustenta la tributación de dividendos en otros países, donde la carga sobre la persona jurídica se reduce al mismo tiempo.
En Brasil, al mantener el IRPJ y la CSLL en 34% y sumar la tributación de dividendos, se genera un desequilibrio que podría tener efectos adversos. Esto se debe a que la retención de utilidades se convertirá en una estrategia natural para las grandes corporaciones, mientras que para las pequeñas y medianas empresas, con baja capitalización y dependencia de la distribución de resultados, el impacto parece inevitable.
Las estimaciones de recaudación también ponen en duda la eficacia del diseño de la reforma. El gobierno proyectaba un superávit de R$ 29,7 mil millones entre 2026 y 2028, pero la Cámara revisó esa cifra a R$ 12,27 mil millones, aún así posiblemente sobreestimada. Esto no considera factores como la reducción del volumen distribuido o la retención estratégica de utilidades como reacción natural a los cambios fiscales.
Más allá de los beneficios a corto plazo, la reforma podría tener un impacto negativo en la competitividad y la atracción de inversiones en el país. En un contexto de inseguridad jurídica crónica y volatilidad regulatoria, aumentar la carga sobre el capital productivo reduce la rentabilidad y el atractivo de invertir y reinvertir en Brasil.
En resumen, la reforma del Imposto de Renda ejemplifica un falso dilema fiscal, donde se amplía un beneficio social relevante, pero el costo se traslada de manera desproporcionada a estructuras vulnerables, buscando una recaudación cuya eficacia es incierta y cuyos efectos colaterales son significativos. Para avanzar hacia un sistema tributario más justo y eficiente, Brasil necesita medidas que equilibren los intereses a corto y largo plazo, y que fortalezcan la confianza de los agentes económicos.
