La política cambiaria en Cuba se ha convertido en uno de los temas más sensibles y debatidos de la vida económica nacional. En medio de una crisis prolongada, marcada por la escasez de divisas, el déficit fiscal y la baja productividad, el país ha debido recurrir a mecanismos transitorios que permitan sostener la actividad económica sin provocar un colapso social. Entre ellos, la coexistencia de varias tasas de cambio y la dolarización parcial han sido medidas de emergencia que, aunque necesarias en su momento, introducen presiones adicionales sobre los precios y generan distorsiones en la distribución de ingresos.
Si bien algunos han propuesto la eliminación inmediata de la dolarización y el avance hacia una tasa de cambio única, los expertos advierten que la economía cubana carece de las condiciones materiales para aplicar dicho ajuste de manera abrupta. La experiencia internacional en países como Argentina, Egipto o Nigeria muestra que las mini-devaluaciones progresivas, si bien pueden generar una estabilización parcial a corto plazo, no resuelven los problemas estructurales subyacentes.
En el caso de Cuba, la situación es aún más compleja debido al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, que limita el acceso a financiamiento externo. Cualquier ajuste cambiario deberá sustentarse en el fortalecimiento de la producción nacional, la movilización de divisas por remesas y turismo, y la reestructuración del gasto público, entre otras medidas.
El Programa de Gobierno reconoce que la coexistencia de varias tasas de cambio es una solución transitoria, y plantea avanzar hacia un esquema unificado con una tasa única, pero de manera gradual y con el respaldo institucional, la disciplina fiscal y la protección social necesarias. La canalización de las remesas a través del sistema financiero oficial también se perfila como una estrategia para reducir las distorsiones y consolidar el mercado cambiario.
En definitiva, Cuba enfrenta desafíos estructurales que van más allá de la política cambiaria, y cualquier ajuste en este ámbito deberá ir acompañado de reformas profundas en la productividad, el déficit fiscal y la dependencia de importaciones, entre otros factores. La gradualidad y la transparencia serán claves para transitar este proceso de manera sostenible y con el menor impacto social posible.
