Las familias más vulnerables de Estados Unidos podrían atravesar serias dificultades si el gobierno de Donald Trump concreta su amenaza de congelar la ayuda destinada a programas sociales en cinco estados gobernados por demócratas. La administración alega que existen sospechas de fraude en el uso de esos fondos, pero los gobernadores han salido a rechazar enérgicamente esta medida, calificándola de un claro ataque político.
Los estados afectados serían California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, donde viven millones de personas que dependen de estos programas de asistencia para acceder a servicios básicos como cuidado infantil, alimentación y otros. Autoridades de estos estados han advertido que llevarán el caso a los tribunales si es necesario, pues consideran inaceptable que se utilice a las familias más necesitadas como "peones políticos" en la disputa entre el gobierno federal y los gobernadores demócratas.
"Nuestros niños no deberían ser víctimas de los juegos políticos de Donald Trump", señaló la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien prometió luchar "con todas nuestras fuerzas" para evitar que se concrete este recorte de fondos. Por su parte, el gobernador de Colorado, Jared Polis, calificó la medida como "terrible" y advirtió que estos recursos son vitales para que las familias puedan acceder a alimentos y otros servicios esenciales.
Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que supervisa estos programas, la exigencia de documentación adicional a los estados sería una medida para garantizar que los fondos se utilicen "legalmente y para el propósito previsto". Sin embargo, las autoridades estatales han denunciado que se trata de un ataque político orquestado por la Casa Blanca en contra de los gobernadores demócratas.
La decisión del gobierno federal ha generado una gran preocupación entre las organizaciones sociales y los expertos, quienes advierten que el congelamiento de estos fondos podría tener un impacto devastador en las familias más vulnerables del país, justo cuando enfrentan los efectos de la crisis económica. Ante este escenario, los gobernadores han prometido hacer todo lo necesario para defender a sus ciudadanos y evitar que se les prive de estos servicios vitales.
