El presidente Rodrigo Paz enfrenta una serie de recursos legales presentados por fuerzas políticas y actores cívicos contra dos de sus decretos supremos. Al menos dos acciones populares y tres de inconstitucionalidad buscan frenar los decretos 5503 y 5515, que contienen medidas económicas y amplían los poderes presidenciales.
Las acciones legales se han presentado tanto a nivel departamental como ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió una acción popular contra el decreto 5503, mientras que en La Paz se presentó otra acción similar contra ambos decretos.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, Juan Carlos Irahola, cuestionó la constitucionalidad del decreto 5503 ante el TCP. Además, el senador Wilder Véliz, del Partido Demócrata Cristiano, y la alianza política Alianza Popular también interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra los decretos.
La presidenta del TCP, Paola Prudencio, informó que las acciones de inconstitucionalidad se encuentran en análisis, aunque la determinación final podría verse afectada por la falta de quórum en el tribunal, que opera con solo cuatro de los nueve magistrados.
Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, la alianza Alianza Libre también anunció la presentación de un proyecto de ley para revertir los decretos 5503 y 5515, una postura compartida por Alianza Popular.
Mientras tanto, el Gobierno se encuentra reunido con sectores sociales para socializar los alcances de ambos decretos. El 5503 contiene medidas económicas como el fin de la subvención a los carburantes, mientras que el 5515 amplía los poderes presidenciales al permitir que el presidente gobierne con apoyo de la tecnología incluso fuera del país.
