El prefeito de Recife, Jo o Campos (PSB), fue acusado de "oportunismo político y electoral" por el pedido de impeachment en su contra, presentado después de la modificación del resultado de un concurso público para procurador municipal.
El concurso público en cuestión tenía una vaga reservada para personas con discapacidad (PCD), que fue ganada por el abogado Marko Venício dos Santos Batista. Sin embargo, posteriormente, otro candidato, Lucas Vieira Silva, hijo de una procuradora del Ministerio Público de Cuentas (MPCO) y de un juez del Tribunal de Justicia de Pernambuco (TJPE), presentó un diagnóstico de autismo y solicitó ser reclasificado para la vaga PCD, a pesar de haber quedado en el puesto 63 en la clasificación general.
Según el pedido de impeachment presentado por el concejal Eduardo Moura (Nuevo), el procurador general del municipio, Pedro Pontes, designado por el propio Campos, aprobó la reclasificación extemporánea de Lucas Vieira Silva, ignorando los pareceres contrarios de tres procuradoras concursadas. Posteriormente, Campos homologó la reclasificación y nombró a Lucas Vieira Silva para el cargo.
El caso generó amplias críticas, incluyendo de la Asociación Nacional de Procuradoras y Procuradores Municipales (ANPM) y de la Asociación de Procuradores del Municipio de Recife (APMR). Finalmente, el 31 de diciembre, Campos revocó el nombramiento de Lucas Vieira Silva y nombró a Marko Batista, el candidato originalmente aprobado para la vaga PCD.
En su defensa, Campos afirmó tener "absoluta confianza" en que la Cámara de Concejales no se dejará "llevar por ninguna irresponsabilidad electoral". Recordó que su hermano más joven tiene síndrome de Down y que los derechos de las personas con discapacidad son "una causa de vida" para él.
Campos también señaló que la discusión sobre cuál candidato tiene derecho a la nominación debe resolverse en la Justicia, con respeto, y no para atacar "una gestión que tiene respeto por las personas con discapacidad".
El pedido de impeachment también menciona que el padre del candidato beneficiado, el juez Rildo Vieira da Silva, es responsable de un archivo de un proceso relacionado con la Operación Barriga de Aluguel, que investiga una supuesta banda sospechosa de desviar recursos públicos destinados a la recuperación y mantenimiento de edificios.
