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Histórica Ley de Personas Mayores aprobada en Chile: Derechos, Autonomía y Envejecimiento Digno

Histórica Ley de Personas Mayores aprobada en Chile: Derechos, Autonomía y Envejecimiento Digno

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó este lunes el Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, consolidando un marco legal inédito en el país.

La nueva ley establece 15 derechos específicos para las personas mayores, reforzando su dignidad, autonomía, acceso a la justicia y participación plena en la vida social, cultural y comunitaria. Esto representa un hito en la forma en que el Estado acompaña a este sector de la población, pasando de un enfoque asistencialista a uno de reconocimiento y garantía de derechos.

Mariela Huillipan, seremi de Desarrollo Social y Familia de La Araucanía, destacó que "la aprobación de esta Ley marca un antes y un después. Ya no hablamos solo de cuidados o asistencia, sino de un reconocimiento pleno de sus derechos, su autonomía y su rol activo en la comunidad". Para el Gobierno, esta no es una medida simbólica, sino un "compromiso concreto para garantizar que en Chile nadie envejezca en soledad, sin oportunidades o sin dignidad".

Entre los principales avances de la normativa se encuentra el fortalecimiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) mediante la creación de direcciones regionales, lo que permitirá una gestión más cercana y con mayor capacidad de respuesta en los territorios. Además, se institucionaliza la Política Nacional de Envejecimiento, asegurando continuidad y coherencia en la acción del Estado.

Asimismo, la ley crea un procedimiento judicial específico para abordar situaciones de abandono social de personas mayores dependientes, incorporando medidas de protección, representación judicial y programas especializados a cargo de SENAMA. También se refuerza la defensa y representación jurídica, mediante mayores recursos para las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Con esta aprobación, el Congreso culmina una tramitación clave en materia de derechos sociales, avanzando en una legislación que reconoce el envejecimiento como un desafío estructural del país y refuerza el rol del Estado en la protección y promoción de los derechos de las personas mayores.

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