La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la posible "actualización" de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, la cual "vendrá acompañada de procesos, de actualización, de mejora del sistema eléctrico nacional, tanto en la generación, transmisión y distribución".
Rodríguez ofreció estas declaraciones horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara que las "autoridades internas de Venezuela" van a "comprar solo productos hechos en Estados Unidos" y "mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas" del país.
La dirigente chavista señaló que la reunión se dio "en una situación inédita para la República" ante la "agresión militar ilegítima que vivió nuestro país en la madrugada del 3 de enero y que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores".
Rodríguez afirmó que existe "una mancha en las relaciones con Estados Unidos", pero insistió en que no es "extraordinario ni irregular las relaciones económico-comerciales entre nosotros". Añadió que las relaciones "seguirán siendo diversificadas, públicos y privados tendrán prioridad y contarán con las políticas para seguir impulsando".
La también ministra de Hidrocarburos indicó que el país está abierto a "relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales, esa es nuestra postura".
La "mandataria encargada" destacó que el país atraviesa "un nuevo momento político" que requiere "la más alta conciencia de nuestra soberanía, la integridad territorial y nuestra independencia, virtudes superiores de cualquier poder público". Precisó que el "único norte que debe existir en el accionar político es Venezuela" y pidió que el Ejecutivo y el Poder Legislativo "arrimen para una misma solución y camino".
Rodríguez también pidió al Poder Legislativo que actualice diversas leyes, como la Ley de Telecomunicaciones, para adaptar "el marco legal a las nuevas tecnologías y la soberanía comunicacional". Planteó que debe existir una ley que promueva la Agenda de Paz y Convivencia que permita "sancionar expresiones fascistas" y garantizar la "tranquilidad política" ante tensiones internacionales.
Asimismo, ratificó la necesidad de leyes "relacionadas con la protección de activos nacionales y la respuesta ante bloqueos extranjeros" en defensa de la soberanía.
