En un análisis de los últimos acontecimientos políticos en Perú, se evidencia una preocupante tendencia de la izquierda a relativizar la evidencia económica y defender proyectos y líderes alineados con su ideología, incluso cuando estos contradicen principios básicos de racionalidad, legalidad y responsabilidad pública.
Dos hechos recientes ejemplifican esta actitud. Por un lado, la insistencia de la izquierda en mantener a Petroperú, a pesar de las multimillonarias pérdidas que acumula la empresa y el fracaso del proyecto de la Refinería de Talara. Pese a la evidencia financiera adversa, se niegan a reconocer el fracaso y defienden un modelo insostenible.
Por otro lado, la reacción de voces de la izquierda ante la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado por la justicia de los Estados Unidos de narcotráfico. Estas voces han reaccionado con una defensa abierta de un régimen autoritario con violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la destrucción institucional de su país.
Ambos casos revelan un patrón común: cuando se trata de proyectos o líderes afines a su ideología, la izquierda relativiza la evidencia, ignora la realidad y justifica prácticas que, en otro contexto, condenarían sin matices. El uso indiscriminado de recursos públicos y la permanencia indefinida en el poder se convierten en fines aceptables, siempre que sirvan a su causa política.
Ante las críticas, la izquierda recurre a argumentos débiles o falsos, como advertencias infundadas sobre aumentos de precios, o invoca selectivamente al sistema legal: válido cuando protege a los propios, irrelevante cuando exige responsabilidades.
A meses de las elecciones, estos eventos son una advertencia clara. Es necesario evaluar cuidadosamente qué proyectos políticos defienden verdaderamente la democracia, el orden institucional y el uso responsable de los recursos, y cuáles buscan apropiarse de lo ajeno, concentrar el poder y manipular las leyes en su beneficio.
