En 2025, Costa Rica enfrentó un alarmante aumento de los delitos financieros y cibernéticos, con un incremento del 41,3% en las denuncias por estafa informática, llegando a 10.027 casos. Además, las denuncias por estafas en general se elevaron un 18,7%, alcanzando las 7.483 denuncias.
El caso de Gabriel, un joven de 33 años que fue víctima de fraude con sus tarjetas de crédito durante un viaje a Río de Janeiro, Brasil, ejemplifica la magnitud del problema. Gabriel observó en tiempo real tres transacciones bancarias fraudulentas que sumaron $2.400, originadas en Ámsterdam, Miami y un destino desconocido.
Según el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), existen tres modalidades principales de estafa que afectan a los costarricenses. La primera se registra dentro del país, cerca del centro penitenciario La Reforma. La segunda involucra correos electrónicos relacionados con supuestas herencias, mientras que la tercera consiste en el enmascaramiento de números telefónicos.
El funcionario destacó la complejidad de abordar estos delitos, ya que el dinero sustraído se mueve rápidamente entre varias cuentas bancarias, a menudo vinculadas a personas en situación de calle que reciben pequeñas sumas por prestar sus cuentas.
Además, el secreto bancario dificulta las investigaciones, ya que se requiere autorización judicial para levantar dicha protección. Soto enfatizó la importancia de insistir en la prevención, ya que una vez que el dinero se ha dispersado, es sumamente complicado recuperarlo.
Las autoridades estiman que el número real de casos podría ser aún mayor, ya que muchas víctimas no denuncian. Esto plantea un desafío significativo para las fuerzas de seguridad y el sistema judicial costarricense, que deben redoblar esfuerzos para combatir esta ola de delitos financieros y cibernéticos.
