Según expertos en derecho internacional, la captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses podría ser un acto legal y justificado, alejado de la mera "indignación política" o la defensa automática de la soberanía. El argumento se basa en que dirigir o facilitar una empresa criminal transnacional no puede considerarse un "acto soberano", sino más bien un "acto privado ilícito" que no goza de inmunidad.
El análisis parte del derecho internacional consuetudinario, que reconoce la jurisdicción penal extraterritorial cuando conductas cometidas fuera del territorio producen efectos sustanciales dentro de otro Estado. En este caso, el narcotráfico a gran escala con destino al mercado estadounidense encajaría plenamente en el principio de protección y la doctrina de los efectos, aceptados por la práctica estatal y la jurisprudencia comparada.
Además, el derecho internacional contemporáneo ha delimitado que la inmunidad de los jefes de Estado no es absoluta y no cubre actos que no pueden considerarse funciones legítimas del Estado. Dirigir o facilitar una empresa criminal transnacional sería un "acto privado ilícito", aun cuando se ejecute desde el poder.
Las Convenciones de Naciones Unidas contra el narcotráfico de 1961 y 1988, ratificadas por Venezuela, imponen obligaciones claras de persecución, cooperación y no tolerancia. Cuando un Estado incumple deliberadamente esas obligaciones y se convierte en garante de la impunidad, se debilita su pretensión de exclusividad jurisdiccional. Esto no sería una "intervención", sino una "reacción frente a la ruptura del pacto internacional".
Los juristas consultados coinciden en que defender esta tesis no implica celebrar el unilateralismo, sino reconocer que la soberanía no puede convertirse en un "escudo para el crimen organizado". Cuando el poder se transforma en empresa criminal, el derecho internacional deja de proteger al cargo y empieza a perseguir al autor.
