Desde 2013, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha dejado de sostenerse en la voluntad popular y ha pasado a depender de la fuerza, según un análisis detallado. Las elecciones han perdido credibilidad, la justicia ha sido subordinada y la oposición perseguida. Organismos internacionales han documentado detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, marcando una forma de gobernar basada en el miedo.
Adicionalmente, existen graves acusaciones sobre el presunto Cartel de los Soles, una red de narcotráfico vinculada a altas autoridades del poder político y militar venezolano. Según múltiples denuncias, el Estado no solo habría fallado en combatir el crimen organizado, sino que habría convivido con él.
En este contexto, la idea de una acción externa para poner fin a la dictadura de Maduro no puede analizarse solo en términos militares, sino también desde una perspectiva ética y jurídica. Desde el punto de vista de los derechos humanos, la soberanía no puede ser un refugio para la impunidad, ya que pertenece al pueblo y no al gobernante.
Una acción limitada y proporcional, orientada a proteger a la población civil y a detener el prolongado daño causado por el régimen, no busca ocupar el país ni imponer un nuevo poder, sino cerrar un ciclo de abuso y restaurar la democracia, que es la condición mínima para que el derecho exista.
Cuando el poder se coloca fuera de la ley, deja de ser autoridad legítima y se convierte en opresión organizada. La historia enseña que los pueblos no nacieron para obedecer al miedo, sino para vivir con dignidad. Cuando un régimen cae por haber violado todas las reglas, no se trata de una agresión externa, sino de la consecuencia inevitable de haber olvidado que la dignidad humana es el límite final de todo poder.
