Después de años de silencio y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica, el Gobierno español de izquierda y la Iglesia católica han llegado a un acuerdo histórico para reparar a las víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos.
El pacto, firmado este jueves por el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal Española (CEE), establece un sistema para la "reparación integral" de las víctimas que no puedan acudir a la justicia ordinaria, usualmente por prescripción legal del caso.
"Para nosotros, (el acuerdo) pone un paso adelante más en el camino que desde años venimos ya realizando", afirmó el presidente de la CEE, Luis Arg ello, quien dijo que será "una vía complementaria" al mecanismo interno que ya la Iglesia había implementado para indemnizar a los afectados.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló que las reparaciones serán costeadas por la Iglesia, que hasta ahora se había negado a participar en un esquema como este. "Durante décadas ha habido silencio, ha habido ocultamiento, un daño moral muchas veces imposible de compensar", aseveró.
Mediante el nuevo sistema, la víctima hará su denuncia ante el Defensor del Pueblo, quien propondrá una reparación que puede ser "económica, moral, psicológica, restaurativa o incluso las cuatro formas simultáneamente". Si la víctima o la Iglesia no aceptan esa propuesta, la revisará una "comisión mixta integrada por Iglesia, Estado y víctimas", y si ahí tampoco hubiera acuerdo, "prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo".
El acuerdo fue saludado por asociaciones de víctimas, que por años criticaron la falta de acción de la Iglesia en este país de arraigada tradición católica. "Creemos que es algo por lo que hemos estado luchando durante muchos años", dijo Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada.
Según un informe del Defensor del Pueblo, desde 1940 más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos en España, una cifra que aumentaría a 400.000 si se cuentan los cometidos por laicos en ámbitos religiosos. La Iglesia, por su parte, contabilizó al menos 2.056 víctimas en su propia auditoría.
El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia Católica española busca, después de décadas de silencio y ocultamiento, reparar de manera integral a las víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos, un paso importante en el camino hacia la justicia y la reconciliación.
