Los enfrentamientos entre sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Policía Boliviana en la ciudad de La Paz dejaron cuantiosos daños materiales superiores a 250.000 bolivianos, además de poner en riesgo la seguridad de trabajadores y transeúntes, informó el alcalde de La Paz, Iván Arias.
Según el reporte del alcalde, la jornada más crítica fue el lunes, cuando se registró una "vandalización" generalizada en la ciudad, con el uso de dinamita durante las movilizaciones, lo que puso en peligro a la población debido a la geografía quebrada de La Paz.
"Fue un día casi de destrucción. Nos pusieron en peligro a la gente que estaba trabajando dentro de las bóvedas; una detonación no solo afecta hacia arriba, sino también hacia abajo", sostuvo Arias. La reparación de la bóveda del río Choqueyapu, dañada durante los disturbios, costó 13 millones de bolivianos.
Según el alcalde, la cuantificación preliminar detalla 150.000 bolivianos en daños de la semana anterior y más de 100.000 bolivianos por los incidentes del lunes. Además, la Alcaldía reportó el robo de materiales de construcción almacenados en puntos estratégicos para trabajos en las bóvedas de la ciudad.
Arias confirmó que la Alcaldía de La Paz se constituyó en parte denunciante contra los nueve afiliados de la COB aprehendidos durante los enfrentamientos, quienes son sindicados por destrozos, instigación pública a delinquir y daños a bienes del Estado.
El alcalde también observó un cambio de estrategia en las protestas, con bloqueos trasladados a carreteras, lo que podría agravar el impacto económico. En ese marco, llamó a equilibrar el derecho a la protesta con la protección del bien público, y planteó avanzar hacia normas que regulen la destrucción urbana y los bloqueos.
Las movilizaciones de la COB derivaron en choques con la Policía, que utilizó agentes químicos para dispersar a manifestantes que emplearon petardos y explosivos. Mientras continúan las evaluaciones técnicas en época de lluvias, la Alcaldía reiteró su pedido de protestar sin destruir para evitar daños irreparables a la infraestructura y a la seguridad de la población.
