El Tribunal Constitucional (TC) de Chile declaró inaplicable, por inconstitucional, una frase del Decreto con Fuerza de Ley N 2 (2009) del Ministerio de Educación, que fijaba los 26 años como la edad máxima para recibir educación especial. Esta normativa había permitido a la Corporación Municipal de Viña del Mar egresar de forma anticipada a 14 estudiantes ciegos del Instituto Antonio Vicente Mosquete, impidiéndoles concluir su programa de formación en lectura y escritura en braille.
La decisión del TC se produjo luego de que los estudiantes afectados, con el apoyo del diputado Tomás Lagomarsino, presentaran un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de dicha disposición. Según el fallo, la norma vulneraba derechos y garantías establecidos en la Constitución, como la igualdad ante la ley y el derecho a la educación.
La Corporación Municipal de Viña del Mar, que administraba el instituto hasta julio de 2024, cuando pasó a manos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Central, argumentó que el egreso anticipado de los estudiantes se debió al cumplimiento del Decreto N 332 de 2012 y del Oficio Ordinario N 0927 de 2024, que establecían los 26 años como edad máxima para recibir subvención especial.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que estas normas eran inconstitucionales y ordenó su inaplicación. Ahora, la Corte Suprema deberá resolver sobre el reintegro de los 14 estudiantes al Instituto Antonio Vicente Mosquete para que puedan concluir su formación en lectura y escritura en braille.
Este fallo del TC representa un importante avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en Chile, al garantizar su acceso a la educación especial sin límites de edad arbitrarios. La decisión busca asegurar que estos estudiantes puedan recibir la formación necesaria para su plena inclusión y desarrollo.
