El Gobierno ingresó este martes al Congreso un proyecto de reajuste al sector público, calificándolo con suma urgencia. La iniciativa incorpora una serie de cambios que van más allá del aumento salarial, incluyendo modificaciones tributarias, normas laborales y medidas con impacto directo en la Región de Valparaíso.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la postergación del revalúo de bienes raíces que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tenía previsto para 2026. Según la propuesta, este proceso se aplaza hasta 2027. En paralelo, se establece un plazo especial para que los predios ocupados puedan solicitar una rebaja en el impuesto territorial, una medida que busca atender situaciones excepcionales vinculadas a ocupación y regularización.
Además, el texto legal contempla la extensión del fondo de emergencia transitorio para la reconstrucción, creado tras los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso. De aprobarse, el fondo se mantendría vigente entre 2026 y 2028, asegurando continuidad en recursos destinados a procesos de recuperación y apoyo a las zonas afectadas.
En materia laboral, el proyecto aborda una de las discusiones más sensibles del empleo público: la no renovación de contratas. La iniciativa formaliza el acuerdo alcanzado con la mesa del sector público, estableciendo que el término de estas contrataciones deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado, que detalle los hechos y razones que justifican la decisión. El objetivo es otorgar mayor certeza jurídica y evitar decisiones discrecionales sin respaldo formal.
Otro cambio relevante apunta al personal de asesoría directa de altas autoridades, conocido como personal de confianza. El proyecto establece que estos funcionarios deberán presentar su renuncia a más tardar el 11 de marzo. Si ello no ocurre, la renuncia podrá ser solicitada por la autoridad que efectuó la designación, produciéndose el término de funciones de forma automática por mandato legal. Esta norma, que hasta ahora operaba como un instructivo administrativo, pasa a tener rango legal, otorgándole carácter permanente.
En resumen, el proyecto de reajuste al sector público presentado por el Gobierno incorpora una serie de modificaciones tributarias, laborales y de reconstrucción, más allá del aumento salarial. La iniciativa, calificada con suma urgencia, será analizada por el Congreso en los próximos días.
