En un polémico movimiento, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha dispuesto la desactivación definitiva de cuatro equipos fiscales especiales que investigaban casos de corrupción de alto nivel, involucrando a magistrados, partidos políticos, empresarios y políticos.
Los equipos desactivados son los de Lava Jato, Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y "Los Cuellos Blancos del Puerto". Estos equipos especiales se encargaban de investigar megacasos de corrupción que salpicaban a altos funcionarios y personalidades influyentes.
La decisión de Gálvez ha sido fuertemente criticada por abogados y expertos, quienes consideran que se busca generar impunidad para los involucrados en estos casos de corrupción a gran escala. José Ugaz, Silvana Carrión y Juan Quispe, destacados abogados, han manifestado su preocupación por esta medida, que a su juicio, obstruye la lucha contra la corrupción.
En el caso del equipo Lava Jato, el personal fiscal, incluidos los magistrados Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como la carga procesal de 97 carpetas fiscales, serán reasignados al Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos. Este equipo investigaba casos emblemáticos como OAS, Odebrecht y aportes de empresas a partidos y políticos de alto nivel, como Keiko Fujimori.
Por otro lado, el equipo Eficcop, que se encargaba de investigar casos de criminalidad organizada, corrupción desde el poder político y lavado de activos, será disuelto y sus casos pasarán a la competencia de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Asimismo, el equipo de "Los Cuellos Blancos del Puerto", que coordinaba el fiscal Alfonso Barrenechea y que investigaba casos de tráfico de influencias, cohecho y negociación incompatible de magistrados y altos funcionarios, entre ellos el prófugo César Hinostroza, también ha sido desactivado.
Finalmente, el equipo Eficavip, que investigaba las muertes durante las protestas sociales de 2022 y 2023 contra el régimen de Dina Boluarte, también ha sido desactivado, y su personal y carpetas han sido derivados a la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.
La decisión del fiscal Gálvez ha generado una ola de preocupación y críticas en la opinión pública, ya que se percibe como un intento de obstruir investigaciones clave contra la corrupción y la impunidad en el país.
