El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil calificó como "urgente e ineludible" el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las personas privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad Guayas N. 1, conocido como la Penitenciaría del Litoral.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), constató una situación de "gravedad extrema y riesgo irreparable" para los derechos fundamentales de los presos y otorgó las medidas cautelares después de que el CDH presentara una solicitud motivada por el incremento sostenido de muertes, denuncias de desnutrición y la falta de atención médica adecuada en el mayor centro carcelario de Ecuador.
Según informó el miembro del CDH, Fernando Bastías, la Comisión corroboró la existencia de un patrón crítico dentro de la penitenciaría, marcado por hacinamiento severo, demoras sistemáticas en la atención sanitaria, ausencia de protocolos claros y deficiencias de coordinación interinstitucional. Además, el propio Estado ecuatoriano reconoció ante la CIDH un aumento progresivo de fallecimientos, con cifras que fluctuaron desde 17 a 141 muertes mensuales solo entre enero y septiembre de 2025, sin que hasta ahora se haya transparentado la información correspondiente a los últimos tres meses del año.
La CIDH también advirtió que la militarización de las cárceles, vigente desde el Decreto Ejecutivo 218 que declaró a los centros penitenciarios como zonas de seguridad en enero de 2024, no constituye por sí sola una respuesta efectiva a la crisis carcelaria. Desde la perspectiva del Comité, la intervención de las Fuerzas Armadas ha derivado en un desplazamiento de funciones administrativas y operativas que corresponden a la gestión penitenciaria civil, lo que habría restringido el acceso a derechos básicos como la salud, la alimentación y el contacto con familiares y abogados.
Las medidas cautelares ordenadas por la CIDH obligan al Estado ecuatoriano a adoptar acciones inmediatas para prevenir nuevas muertes y proteger la integridad personal de la población penitenciaria; garantizar condiciones de detención acordes con el principio de dignidad humana; asegurar atención médica oportuna y especializada; proveer alimentación suficiente y de calidad; reducir de manera sustancial el hacinamiento; y facilitar el acceso periódico de familiares y defensores legales.
Asimismo, la Comisión dispuso la instalación urgente de una mesa interinstitucional, con participación de representantes de los beneficiarios, incluido el CDH, para definir e implementar soluciones inmediatas.
Billy Navarrete, presidente del CDH Guayaquil, subrayó que el Estado no tiene margen para incumplir las medidas dispuestas por la CIDH, ya que un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso puede llevar a que estas medidas cautelares se transformen en medidas provisionales ante la Corte Interamericana.
Navarrete insistió en que la crisis de salud dentro de la penitenciaría no puede ser abordada desde una lógica exclusivamente militar, y recordó que, pese a la inauguración de un policlínico en 2024, las muertes por causas médicas continuaron en aumento, lo que evidencia fallas estructurales de presupuesto, personal y autonomía del personal sanitario en medio de un brote de tuberculosis.
La CIDH también solicitó al Estado autorización para realizar una visita in situ a la Penitenciaría del Litoral, con el fin de verificar la implementación de las medidas ordenadas y evaluar la necesidad de mantenerlas vigentes por un periodo adicional. Además, requirió la investigación de todas las muertes registradas en 2025 dentro del centro penitenciario.
Navarrete sostuvo que el otorgamiento de estas medidas representa una oportunidad para que el Gobierno adopte decisiones estructurales y urgentes que frenen la crisis carcelaria y eviten nuevas pérdidas de vidas. "El Estado debe frenar las muertes en la Penitenciaría del Litoral", remarcó.
