Familiar del militar acusado por muerte de Perla Jokasta enfrenta cargos por herir a otro hombre

César Augusto Mesa Arismendy, familiar del mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, quien está acusado por la muerte de la joven Perla Jokasta Santos, enfrenta cargos por herir con un arma blanca a otro hombre en el sector La Ciénaga, del Distrito Nacional.

Según el Ministerio Público, César Augusto causó "heridas de consideración" a Alejandro Peguero Pérez luego de una discusión ocurrida el 8 de diciembre del pasado año. Por este hecho, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso una garantía económica de 25 mil pesos e impedimento de salida del país sin orden de un juez.

César Augusto se dio a conocer recientemente por ser el primer pariente del mayor Diego Geraldo Mesa Arismendy en salir en su defensa, luego de que a este militar se le vinculara a la muerte de la joven Perla Jokasta Santos, de 19 años, ocurrida la madrugada del 26 de diciembre en Los Guandules.

En declaraciones a la prensa en el Palacio de Justicia, César Augusto dijo que el mayor Diego Geraldo disparó en defensa propia porque los jóvenes que acompañaban a la víctima intentaron despojarlo de su arma. Sin embargo, el Ministerio Público imputa al mayor del Ejército de homicidio voluntario contra la jovencita, cuyos parientes dicen que supuestamente la asediaba.

Por el hecho que se le vincula, César Augusto Mesa Arismendy fue detenido el 2 de enero, al ejecutarse una orden de detención en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Su hermano, Diego Geraldo Mesa, fue enviado a Najayo por el homicidio de Perla Jokasta Santos el mismo día que detuvieron a César Augusto.

Esta situación evidencia los vínculos familiares entre los dos imputados y la complejidad del caso, que ha generado gran conmoción en la opinión pública dominicana. Ambos enfrentan cargos por hechos de violencia que han impactado a la sociedad.

Es importante destacar que las investigaciones y procesos judiciales aún están en curso, por lo que las autoridades deben garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas. La justicia dominicana tendrá la delicada tarea de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.