El gobierno dominicano tiene un plazo de 12 meses para poner en funcionamiento el recién creado Ministerio de Justicia, según lo establecido en la ley que dio vida a esta nueva cartera.
La creación del Ministerio de Justicia fue aprobada por el Congreso Nacional en diciembre del 2022, como parte de una serie de reformas institucionales impulsadas por el presidente Luis Abinader. La nueva secretaría de Estado tendrá la misión de centralizar y fortalecer las políticas públicas en materia de justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos.
Hasta el momento, las responsabilidades en estos ámbitos se encontraban dispersas entre diferentes instituciones, lo que dificultaba una coordinación efectiva. Con el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo espera poder abordar de manera integral los desafíos que enfrenta el sistema de justicia dominicano, que ha sido cuestionado por su lentitud, falta de independencia y altos niveles de corrupción.
"Esta es una reforma trascendental que nos permitirá tener un Estado más eficiente y una justicia más ágil y transparente", afirmó el ministro de la Presidencia, Joel Santos, al anunciar la puesta en marcha de la nueva cartera.
Según la ley, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 12 meses, contados a partir de la promulgación de la norma en diciembre del 2022, para designar al titular del Ministerio de Justicia y establecer su estructura organizativa y presupuestaria.
Este es un reto importante para el gobierno, que deberá articular la transición de las diferentes instituciones y programas que serán absorbidos por la nueva secretaría de Estado. Además, tendrá que asegurar los recursos humanos y financieros necesarios para que el Ministerio pueda cumplir con sus amplias responsabilidades.
"Estamos ante una oportunidad histórica para transformar nuestro sistema de justicia y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una justicia pronta, imparcial y efectiva", señaló la viceministra de Justicia, Margarita Cedeño.
El plazo de 12 meses establecido por la ley es visto como un desafío importante, pero también como una señal del compromiso del gobierno con esta reforma. Analistas consideran que su éxito dependerá de la voluntad política, los recursos asignados y la capacidad de coordinación entre las diferentes instituciones involucradas.
