Una norma federal del siglo XVIII, conocida como la Ley de Crímenes y Delitos Cometidos en Alta Mar (Offenses at Sea Act), ha reaparecido como el sustento jurídico de la incursión armada del pasado 3 de enero en Caracas, Venezuela. Esta ley, históricamente utilizada por Estados Unidos para juzgar crímenes cometidos fuera de su territorio, ha sido invocada para justificar la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en plena madrugada.
La operación, que tomó por sorpresa a la población venezolana, ha generado una gran tensión en la región. Si bien se esperaba un éxodo inesperado de venezolanos hacia la frontera, esto no se ha materializado hasta el momento. Las autoridades militares han descartado la presencia de artefactos explosivos en la zona, pero mantienen un despliegue de unidades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La utilización de esta antigua ley federal estadounidense como sustento jurídico de la incursión armada en Caracas ha sido objeto de intenso debate y cuestionamientos a nivel internacional. Expertos en derecho internacional y analistas políticos han expresado su preocupación por las implicaciones de esta acción, que podría sentar un peligroso precedente en las relaciones entre países.
Mientras tanto, los reflectores siguen puestos en la frontera, donde se espera que la situación siga desarrollándose en los próximos días. La captura de Maduro y las consecuencias de esta operación militar son temas que sin duda seguirán ocupando la atención de la comunidad internacional en los próximos días.
